Como muchos de vosotros ya sabréis, a finales de 2013 se aprobaron las leyes de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (9 de diciembre) y la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Uno de los aspectos en los que se hace hincapié es que la gestión administrativa referente a los presupuestos debe ser totalmente pública. Esto significa que cualquier persona puede demandar la información económica de entidades públicas que estime oportuna. Datos que, como no puede ser de otra forma, deberán reflejar fielmente la realidad económico-financiera del municipio y de cuya integridad puede llegar a responder su alcalde-presidente. El proceso para la total implantación de esta ley en todos los municipios finaliza en diciembre de este año.
Debido a esta nueva situación, las administraciones locales tienen una mayor carga. Ya no sólo en cuanto a responsabilidad, sino también al tiempo y esfuerzo que supone satisfacer la demanda de información por parte de cualquier asociación, empresa o persona física.
Es por ello que desde Ortín y Asociados nos ofrecemos para asesorar a las administraciones locales para cumplir la normativa vigente con todas las garantías en materia de información contable y presupuestaria.
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