Ayer tuvo lugar la inauguración oficial de la 4ª Edición del Título de Experto en gestión de la Responsabilidad Social organizado por la Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza, en el que también colaboran el Colegio de Economistas de Aragón, la Cátedra Garrigues de Derecho y Empresa, así como el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento.
Con tal motivo, nuestro Socio Gerente, Luis Ortín Salvador, tuvo el honor de compartir panel con dos referentes en materia de responsabilidad social, tanto a nivel nacional, como internacional: D. David Lafuente Durán y D. José Mariano Moneva Abadía.
La ponencia que presentó Luis Ortín estuvo dedicada a explicar las novedades más relevantes de la nueva Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifican el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad.
En síntesis, para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2018 pasa a ser obligatoria para algunas sociedades de capital la formulación de un estado de información no financiera que deberá incluirse en el informe de gestión (o en documento aparte referenciado a aquél) destinado a reportar datos relativos a cuestiones medioambientales, sociales y de personal, relativas a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, así como a temas de igualdad, no discriminación e inclusión social.
Esta información no financiera deberá elaborarse conforme a marcos normativos nacionales, de la Unión Europea o internacionales, debiendo ser verificado por un prestador independiente de servicios de verificación.
A partir de ahora, empresas que formulen cuentas individuales y cuenten con un número medio de trabajadores superior a 500 y que durante dos ejercicios consecutivos superen, al menos, dos de los tres siguientes límites (Activo > 20 MM eur; Cifra de Negocios > 40 MM eur y número medio de trabajadores superior a 250), vendrán obligadas a elaborar este estado de información no financiera.
Idéntica obligación recaerá en aquellas sociedades que formulen cuentas consolidadas y que, superando el grupo un número mínimo de 500 trabajadores, bien sean a su vez Entidades de Interés Público (E.I.P.), bien superen, al menos, dos de los tres anteriores límites antes citados.
En definitiva, un nuevo marco regulatorio que amplía su alcance a un mayor número de sujetos obligados.
Sensibles a estas nuevas exigencias, desde nuestro despacho profesional y aglutinando nuestra formación en responsabilidad social y auditoría de cuentas, podemos ofrecerle el asesoramiento necesario para afrontar estos nuevos retos con mayores garantías.
